REDES SOCIALES Y LEGALIDAD


¿Se puede aplicar la legislación española a las multinacionales que prestan servicios de redes sociales en España?

La ley de servicios de la sociedad de la información y de Comercio electrónico es la ley que establece cuando a una multinacional que presta servicios de redes sociales, se le puede aplicar la legislación española.

No ofrece duda alguna cuando la sociedad que presta dichos servicios de red social se encuentra establecida en España, entendiéndose como establecida en España, cuando su domicilio social se encuentre en territorio español.

¿Pero qué ocurre si la empresa que presta los servicios de redes sociales se encuentra en otro estado? Pues que para que se le pueda aplicar la legislación española deberá ofrecer sus servicios a través de un establecimiento permanente situado en España, sin que pueda entenderse como establecimiento permanente, según la ley de servicios de la sociedad de la información y de Comercio electrónico, la utilización únicamente de servidores ubicados en territorio español para la prestación o el servicio de red social ya que para ello deberá de disponer además de manera habitual de instalaciones o lugares de trabajo en los que realice toda o parte de su actividad.

¿Y qué ocurre si dicha multinacional que presta servicios de redes sociales en España ni tiene domicilio social en España ni establecimiento permanente? Pues si dicha multinacional dirige algunos de sus servicios específicamente al territorio español quedará sujeta igualmente a la legislación española, sin embargo, nos viene a la mente el hecho de que algunas de las redes sociales más utilizadas por los usuarios españoles son redes que radican en Estados Unidos y que no disponen de relación alguna con nuestro país, salvo el hecho de que algunas veces cuentan con un sitio web traducido al castellano el cual ni tan siquiera llega a operar con el dominio .es, esta circunstancia puede llegar a complicar la aplicación de la normativa a este tipo de empresas de redes sociales y aún a pesar de poder aplicar la legislación española a estas redes sociales por cuanto que dirigen algunos de sus servicios específicamente a usuarios españoles, la aplicación de las resoluciones legales que recayeran contra dichas sociedades se convertiría en un reto difícil de conseguir por cuanto se tendría que solicitar la colaboración legal del país en el cual se encontrara ubicada la sociedad que ofrece dichos servicios de red social.


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