2012 SE SALDÓ CON 526 DESAHUCIOS AL DÍA.


Los desahucios en España se incrementaron en un 15,9% en 2012 .  El año pasado se saldó con 526 desahucios al día tanto de negocios como de viviendas, a cuyo alquiler o hipoteca no pueden hacer frente las familias afectadas. Incluidas ejecuciones hipotecarias y desahucios por falta de pago.

Fruto de lo anterior se ha promulgado el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, una ley  que ha surgido de la presión social, pero que supone únicamente una moratoria de dos años en el pago de sus cuotas hipotecarias pero que en ningún caso cambia la posición del deudor.

No obstante, ¿de cuántos afectados estamos hablando? En 2012 se presentaron casi 90.000 ejecuciones hipotecarias y en 2011, 72.000. En lo que se refiere a lanzamientos llevados a cabo por los servicios comunes de órganos judiciales, es decir el acto mismo del desahucio, en 2012 se presentaron unos 70.000 y en 2011 58.241.

En 2012 hubo unos 70.000 desahucios por procedimientos de impago de renta, vencimientos del contrato y las causas que constan en la Ley de Arrendamientos Urbanos de resolución del contrato. Estos datos oficiales, no reflejan, no obstante, el volumen real de los afectados que están dejando de pagar las cuotas de la hipoteca que sin duda, nos mostraría un escaparate muy diferente de la dimensión problema.

Propuestas para mejorar la situación de deudores hipotecarios y dinamizar el mercado inmobiliario

Entre las propuestas que se han propuesto para mejorar esta situación de un mercado atascado, limitado y desprovisto en ocasiones, de seguridad jurídica, se encuentran en primer lugar, plantear una Ley Integral de Derecho Inmobiliario, que aglutinase toda la normativa dispersa, comenzando por una Ley de Propiedad Horizontal -muy obsoleta-, la LAU, la Ley Hipotecaria, etc.

En segundo, convocar a todos los agentes implicados en el proceso hipotecario, especialmente con las entidades financieras, de cara a “redimensionar la deuda” para que el titular de la vivienda pueda hacer frente al pago.

En tercer lugar, impulsar los mecanismos de resolución de conflictos –mediación y el arbitraje-, para reducir el colapso de asuntos llevados a los órganos jurisdiccionales –en 2012, 10 millones de asuntos de los que 2 eran relativos a la jurisdicción civil”. Incluir servicios de mediación civil inmobiliaria a los que obligatoriamente deberían remitirse las entidades bancarias con expertos de cara a tratar de conseguir un acuerdo con el deudor cuando estos no pueden pagar sus cuotas.

Abaratamiento de los costes del proceso hipotecario y de los precios de las viviendas, de tal forma que se evite la ya conocida “imprudencia colectiva” de particulares y entidades financieras. Ajustar los precios del parqué de viviendas en arrendamiento a la coyuntura social y económica, de tal forma que fluya el mercado del alquiler sin vulnerar los derechos de arrendador e inquilino y garantizar el acceso a una vivienda a todos los ciudadanos.

En quinto lugar, y relacionado con lo anterior, abogan por la creación de un Registro de Morosos, ahora paralizado, que en su día fue apoyado por colectivos de jueces, abogados, administradores de fincas, asociaciones de consumidores, etc., para que las personas que deseen arrendar su inmueble tenga todas las garantías de cobro de la renta.

Y finalmente el destino de viviendas vacías recuperadas por los bancos para alquiler social tal y como ya se acaba de activar con el Fondo social de viviendas. Incluso, podría pactarse el compromiso de que los ocupantes, a cambio de no pagar una renta, se ocuparan de los gastos de la comunidad de propietarios y obligaciones fiscales de la vivienda. Asimismo, la posibilidad de pactar moratorias a deudores hipotecarios en desempleo con la obligación de que sigan siendo responsables del pago de los recibos comunitarios e impuestos del inmueble.


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